Desacatos No. 26 : Archivos públicos en México: organización versus transparencia (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, 2008)
Uno de nuestros quehaceres es investigar en los archivos públicos y privados, nacionales, estatales y municipales, personales e institucionales, en México y fuera del país. A pesar de que en los últimos años la historia oral ha adquirido la categoría de una fuente fidedigna, los documentos escritos siguen siendo un recurso indispensable para la investigación de los historiadores y para que los expertos de otras disciplinas puedan historizar sus temas de estudio. Los archivos son nuestra herramienta fundamental y también de su organización y nivel de acceso depende la calidad de nuestra investigación. Es sabido que los archivos (públicos y privados) suelen contener apenas una fracción de la documentación generada por un individuo, una institución o un sector público. Precisamente, por tratarse de una fracción es obligación de los custodios de los archivos preservar con sumo cuidado y con base en los conocimientos archivísticos los documentos para poder conocer el pasado de cuya comprensión depende nuestra capacidad de construir el presente y el futuro. En 2002 entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que incluyó la redefinición del acceso a los archivos públicos históricos. La ley desató una controversia entre los historiadores y sus promotores porque abarcó los archivos públicos históricos y, en consecuencia, subordinó el acceso y la transparencia a criterios políticos que caracterizan la ley. Sin que el objetivo de este número de Desacatos fuera discutirla, se invitó a especialistas, historiadores y archivistas a reflexionar sobre la relación entre la ley y la generación del conocimiento de la historia de acuerdo con la organización y el acceso a los archivos que la ley podría potenciar. El nivel de la organización de los archivos públicos, enmarcado en la normatividad para asegurar el acceso a éstos, es uno de los criterios para evaluar la calidad de la democracia del país.